Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe El Pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo Terrones porque “habría liderado o jefaturado una organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, que estaría enquistado en el Poder Ejecutivo”.

El informe en mayoría del grupo legislativo obtuvo 72 votos a favor, 40 votos en contra y cero abstenciones.

El segundo vicepresidente, Enrique Wong Pujada, conductor de la sesión plenaria, informó a los miembros de la Representación Nacional que los resultados de este informe “se tramitarán a las instancias correspondientes”.

El documento, sustentado por el titular de la comisión, Héctor Ventura Ángel (FP), en la sesión plenaria del 13 de julio último, precisa que la acusación sería por los casos Puente Tarata III, injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas (FFAA), SUNAT y hallazgo fiscal de $20,000.00 en oficinas del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno y casa de Sarratea.

Por ello, y al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución, se le acusaría por la presunta comisión del delito de organización criminal, tipificado en el artículo 317; colusión tipificada en el artículo 384; y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

La comisión propone, además, formular acusación constitucional, al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas; al exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales; y al exministro Juan Carrasco Millones.

RESUMEN DEL DEBATE EN EL CONGRESO
Héctor Ventura Ángel (FP) enfatizó el hecho de que luego de seis meses de trabajo se han encontrado evidencias suficientes para concluir que estaríamos ante una organización criminal que tendría como cabecilla a Pedro Castillo Terrones y en la cual estarían involucrados altos funcionarios y familiares cercanos.

Advirtió las similitudes que se encuentran en los informes de mayoría y minoría. Ambos informes tienen la misma introducción, expuso, la misma base legal, y coinciden en todas las faltas y delitos que se habrían cometido; ambos señalan que Pedro Castillo incurre en tráfico de influencias agravado y la existencia de una organización criminal en este gobierno.

“Se observa un grosero plagio”, manifestó Ventura Ángel. “El informe en minoría es un copia y pega del informe final en mayoría, parecido a lo que hizo Castillo con su tesis. (Por tanto, se trata de) una severa falta al Código de Ética y (esta) debe realizar una indagación de oficio al respecto”.

Por su parte, Germán Tacuri Valdivia (BMCN) respondió el titular de la comisión que se trata de un mismo proceso de investigación, ambos informes versan sobre los mismos hechos, pero las conclusiones difieren, y sugirió al presidente que traslade la crítica a las conclusiones, pues “allí están las divergencias”.

La congresista Katy Ugarte Mamani (BMCN) dijo que a un año de trabajar juntos lo único que se ha visto son denuncias constitucionales sin pruebas objetivas; mencionó que la investigación ya la ha iniciado el Ministerio Público, no se puede investigar dos veces un mismo hecho, y “lo único que estamos haciendo es interferir políticamente el trabajo del MP, que tiene la suficiente autonomía para hacer su trabajo”.

En el orden del debate, Carlos Anderson Ramírez (NoA) sostuvo que lo verdaderamente importante es que sí hay evidencias (de hechos ilícitos) y por ello hay dos investigaciones en el MP, “acaso no están fugados Pacheco Silva y los sobrinos”, preguntó.

El parlamentario José Balcázar Zelada (PB) sostuvo que en el informe en mayoría no hay una línea que nos diga que los indicios que muestran constituyen prueba indiciaria para determinar los delitos que se le atribuyen al presidente Pedro Castillo Terrones.

Señaló que la comisión sería “una maquinaria de odios y venganzas, y espero que no sea así”, y que “sería una vergüenza” presentar este informe al Ministerio Público, sin ninguna prueba de defraudación en agravio del Estado, que debería incluir una pericia técnica, y solicitó que este informe se archive.

Por su parte, Arturo Alegría García (FP) enumeró los hechos conocidos de los 20 ml dólares encontrados en la oficina del secretario general de Palacio, que se haya prófugo que podemos esperar del presidente que lo nombra. Este es un juicio político.

Seguidamente, Guido Bellido Ugarte (PL) manifestó que después de seis meses de investigación no se ha encontrado una prueba irrefutable contra el presidente, sería una vergüenza internacional acusarlo sin pruebas. Que siga trabajando el Ministerio Público (MP), y si hay culpables, que lo demuestre y tomaremos las medidas que se tienen que tomar aquí.

Más adelante, el congresista Juan Burgos Oliveros (Avanza País) dijo respecto a esta investigación que no debemos renunciar a “nuestra función de fiscalizar, porque sería negarnos a nosotros mismos”, porque ha quedado demostrado que el señor presidente recibió a los lobistas en la casa Sarratea.

A su vez, Luis Aragón Carreño (AP) manifestó, luego de precisar la diferencia que existe entre un proceso judicial propiamente dicho y un proceso judicial previo, que es realizado por el MP, “que no podemos (el Congreso) renunciar a la tarea del control político” y que será la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales quien investigará estos hechos, siempre en el marco de lo legal y constitucional.

La legisladora Gladys Echaíz precisó que no debe llamar la atención que en el Congreso se hable en condicional. “La prueba indiciaria está conformada por un conjunto de datos y hechos que lleva a una presunción; esas presunciones forman convicción, y se convierten en prueba cuando las llevamos a un juicio oral”, expuso.

“Cuando el fiscal acusa, lo hace en base a elementos de convicción”, ahondó. “En este caso, se han encontrado muchos elementos de convicción que no se pueden negar”.

En el debate, intervinieron los legisladores Segundo Quiroz Barbosa (BMCN), Pasión Dávila Atanacio (BMCN), Elías Varas Meléndez (PB), Víctor Cutipa Ccama (PB), Jorge Coayla Juárez (PB), Rosangella Barbarán Reyes (FP) y Edgard Tello Montes (BMCN).

También Alex Paredes Gonzales (BMCN), Paul Gutiérrez (BMCN), Jorge Marticorena Mendoza (PB), Juan Carlos Lizarzaburu (FP), Francis Paredes Castro (BMCN), Tania Ramírez García (FP), Hamlet Echevarría Rodríguez (PD) y Américo Gonza Castillo (PL).

Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe

English translation
Congress concludes that President Pedro Castillo is the leader of a criminal organization and approves the final report of the constitutional complaint.

Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe The plenary session of the Congress of the Republic approved, by majority, the final report of the Oversight and Comptroller Commission that recommends constitutionally impeaching President Pedro Castillo Lumps because “he would have led or commanded a criminal organization made up of public officials and individuals, who would be entrenched in the Executive Branch.”

The majority report of the legislative group obtained 72 votes in favor, 40 votes against and zero abstentions.

The second vice president, Enrique Wong Pujada, host of the plenary session, informed the members of the National Representation that the results of this report “will be processed by the corresponding authorities.”

The document, supported by the head of the commission, Héctor Ventura Ángel (FP), in the plenary session of last July 13, specifies that the accusation would be for the Puente Tarata III cases, interference in promotions in the Armed Forces (FFAA) , SUNAT and tax discovery of $20,000.00 in the offices of the Presidential Office of the Government Palace and the house of Sarratea.

For this reason, and under articles 99 and 100 of the Constitution, he would be accused of the alleged commission of the crime of criminal organization, typified in article 317; collusion typified in article 384; and incompatible negotiation or improper use of the position, typified in article 399 of the Penal Code.

The commission also proposes to file a constitutional accusation against the former Minister of Transport and Communications, Juan Silva Villegas; the former Minister of Defense, Walter Ayala Gonzales; and former Minister Juan Carrasco Millones.

SUMMARY OF THE DEBATE IN THE CONGRESS
Héctor Ventura Ángel (FP) emphasized the fact that after six months of work, sufficient evidence has been found to conclude that we would be dealing with a criminal organization that would have Pedro Castillo Terrones as its leader and in which high officials and close relatives would be involved.

He noted the similarities found in the majority and minority reports. Both reports have the same introduction, he explained, the same legal basis, and coincide in all the offenses and crimes that would have been committed; Both point out that Pedro Castillo incurs in aggravated influence peddling and the existence of a criminal organization in this government.

“A rude plagiarism is observed,” said Ventura Ángel. “The minority report is a copy and paste of the final majority report, similar to what Castillo did with his thesis. (Therefore, it is) a severe violation of the Code of Ethics and (it) must carry out an ex officio investigation in this regard.”

For his part, Germán Tacuri Valdivia (BMCN) responded to the head of the commission that it is the same investigation process, both reports deal with the same facts, but the conclusions differ, and suggested that the president transfer the criticism to the conclusions , because “there are the differences”.

Congresswoman Katy Ugarte Mamani (BMCN) said that after a year of working together, the only thing that has been seen are constitutional complaints without objective evidence; He mentioned that the investigation has already been initiated by the Public Ministry, the same fact cannot be investigated twice, and “the only thing we are doing is politically interfering with the work of the MP, who has sufficient autonomy to do his job.”

In the order of the debate, Carlos Anderson Ramírez (NoA) maintained that what is truly important is that there is evidence (of illegal acts) and for this reason there are two investigations in the MP, “perhaps Pacheco Silva and his nephews are not fugitives,” he asked. .

Parliamentarian José Balcázar Zelada (PB) maintained that in the majority report there is not a line that tells us that the evidence they show constitute circumstantial evidence to determine the crimes attributed to President Pedro Castillo Terrones.

He pointed out that the commission would be “a machinery of hatred and revenge, and I hope it is not like that”, and that “it would be a shame” to present this report to the Public Ministry, without any evidence of fraud to the detriment of the State, which should include an expert technical, and requested that this report be archived.

For his part, Arturo Alegría García (FP) listed the known facts of the 20 million dollars found in the office of the secretary general of Palacio, that he has been a fugitive, that we can expect from the president who appointed him. This is a political trial.

Subsequently, Guido Bellido Ugarte (PL) stated that after six months of investigation no irrefutable proof against the president had been found, it would be an international shame to accuse him without proof. That the Public Ministry (MP) continue to work, and if there are guilty parties, that they prove it and we will take the measures that have to be taken here.

Later, congressman Juan Burgos Oliveros (Avanza País) said regarding this investigation that we should not give up “our role of monitoring, because it would be denying ourselves,” because it has been shown that the president received the lobbyists in the Saratea house.

In turn, Luis Aragón Carreño (AP) stated, after specifying the difference that exists between a proper judicial process and a previous judicial process, which is carried out by the MP, “that we cannot (Congress) give up the task of political control” and that it will be the Subcommittee on Constitutional Accusations that will investigate these facts, always within the legal and constitutional framework.

Legislator Gladys Echaíz specified that it should not attract attention that Congress speaks conditionally. “The circumstantial evidence is made up of a set of data and facts that leads to a presumption; Those presumptions form a conviction, and they become evidence when we take them to an oral trial,” he explained.

“When the prosecutor accuses, he does so based on elements of conviction,” he deepened. “In this case, a lot of evidence has been found that cannot be denied.”

In the debate, legislators Segundo Quiroz Barbosa (BMCN), Pasión Dávila Atanacio (BMCN), Elías Varas Meléndez (PB), Víctor Cutipa Ccama (PB), Jorge Coayla Juárez (PB), Rosangella Barbarán Reyes (FP) and Edgard Tello Montes (BMCN).

Also Alex Paredes Gonzales (BMCN), Paul Gutiérrez (BMCN), Jorge Marticorena Mendoza (PB), Juan Carlos Lizarzaburu (FP), Francis Paredes Castro (BMCN), Tania Ramírez García (FP), Hamlet Echevarría Rodríguez (PD) and Américo Gonza Castillo (PL).

Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe